Lima, 19 de marzo del 2025
Desde el Foro de ONGD Españolas en el Perú, plataforma que agrupa a 25 organizaciones que desarrollan proyectos de cooperación internacional, expresamos nuestra profunda preocupación por la aprobación del dictamen de modificación de la Ley de creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) el día 12 de marzo por el Pleno del Congreso Peruano.
Esta propuesta, aprobada sin mayor debate ni consulta con sectores clave para el desarrollo y la democracia en el país, entre los cuales adscribimos la sociedad civil y diversos sectores sociales y empresariales, introduce cambios que afectan de manera grave el trabajo que venimos realizando las ONGs en apoyo a los segmentos más vulnerables y menos atendidos de la población peruana. Nos hacemos eco de las preocupaciones de las organizaciones y movimientos nacionales que representan o acompañan a poblaciones indígenas, mujeres y diversidades, personas defensoras de derechos humanos y ambientales, víctimas de violencia política y represión entre otras, que podrían verse afectadas y revictimizadas por los impactos de esta ley.
Como Foro de ONGD Españolas, reiteramos nuestro respaldo a iniciativas que conduzcan a fortalecer la transparencia y rendición de cuentas de las organizaciones. Es importante precisar que, las ONGs nacionales e internacionales que operan en Perú en la actualidad ya son fiscalizadas por diferentes entes: las financieras que otorgan los fondos, la Superintendencia de Banca y Seguros y la Unidad de Inteligencia Financiera para prevenir lavados de activos, entre otras.
Entre las modificaciones que, según nuestro análisis, limitan el derecho de asociación, el derecho a la defensa legal y acceso a la justicia, están las siguientes disposiciones de la modificatoria:
- Obligatoriedad del registro para ejecutar recursos de Cooperación Técnica Internacional. (art. 4 y 21 de la modificación aprobada por el Congreso). Esta obligación, fue tachada de inconstitucionalidad por el Tribunal Constitucional peruano en el año 2007, afectará principalmente a nuestras organizaciones socias, como organizaciones indígenas, organizaciones de base de mujeres, comunidades campesinas, entre otras, que no tienen las capacidades burocráticas para adaptarse a los requerimientos de APCI.
- APCI deberá aprobar los proyectos como condición previa al comienzo de su ejecución, lo que implica que proyectos aprobados por la Cooperación Internacional sean demorados un número no precisado de meses para su inicio, o hasta rechazados en parte o en su totalidad por parte de APCI. (Artículo 4 de la modificación aprobada por el congreso).
- Entre las infracciones muy graves, constituye uso indebido, utilizar los citados recursos para asesorar, asistir o financiar, de cualquier forma, o modalidad, acciones administrativas, judiciales o de otra naturaleza, en instancias nacionales o internacionales, contra el Estado Peruano. (art. 21 de la modificación aprobada por el Congreso).
Si la Ley se implementa tal como está, las personas, comunidades o colectivos sin recursos verán perjudicado su derecho a recurrir ante instancias nacionales e internacionales cuando consideren haber sido víctimas de injusticias o abusos perpetrados por instituciones del Estado, ya que a las ONGs será prohibido prestar cualquier apoyo, ya sea legal o de asesoría.
La Ley incluye la posibilidad de imponer sanciones arbitrarias y desproporcionadas a las ONGs, lo que podría llevar incluso a la cancelación de su inscripción y obstaculizar el acceso a la justicia para las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Esto pone en grave riesgo la labor de defensa de los derechos humanos, la igualdad y el medio ambiente, que realizan las organizaciones de la sociedad civil peruana, en colaboración con el sistema de Cooperación Española e internacional.
Ante esta situación expresamos nuestra solidaridad con las organizaciones de la sociedad civil peruana, que son parte fundamental y necesaria en la construcción de una sociedad más justa y libre para todas y todos.
Desde el Foro de ONGDs Españolas, reiteramos nuestro deseo de que se aperturen espacios de diálogo entre el Estado y los diversos sectores de la sociedad peruana, con el objetivo de apoyar en la construcción de una normativa que garantice tanto la fiscalización de los fondos de cooperación internacional como la progresiva apertura del espacio cívico para la sociedad civil y la defensa de los derechos de los sectores más vulnerables.
Nos sumamos a las solicitudes que la Red EU-LAT dirige a la Unión Europea, las Embajadas de los Estados Miembros y a la comunidad internacional en general, y, en particular, nos dirigimos al Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado español y concretamente a la Embajada de España en Perú para solicitar su apoyo en la difusión de estas preocupaciones y en el fomento del diálogo, para que la Cooperación Internacional que ejecutamos se sujete al marco de garantías y derechos previstos por los tratados internacionales ratificados por el Perú.
